Afectados por el fin de los contratos de renta antigua se reunirán con senadores del PSOE
La Plataforma de Afectados por la finalización de los contratos de renta antigua y UPTA se reunirán mañana miércoles con representantes del PSOE y del Grupo Socialista en el Senado. El objetivo es estudiar iniciativas parlamentarias para tratar de solucionar el problema que afecta a miles de comercios que el próximo 31 de diciembre pueden cerrar al no poder renovar sus contratos de alquiler en condiciones adecuadas.
Según explica la organización en un comunicado, la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 articuló una moratoria para la finalización de los alquileres de locales alquilados en virtud de la Ley de Arrendamientos de 1964 para un periodo de veinte años. El plazo concluye a finales de este año y los arrendadores podrán modificar unilateralmente las condiciones de los contratos.
UPTA indica que, según los estudios realizados para las asociaciones de hosteleros y comerciantes, esta situación puede afectara a unos 200.000 establecimientos.
Para abordar el problema, la Plataforma constituida por los afectados considera imprescindible que desde el Gobierno o desde el ámbito parlamentario se promueva una modificación de la LAU.
Nueva moratoria
Entre otras cosas, solicitan una nueva moratoria de diez años en todos los años, por lo que la extinción de los mismos se fije en el 1 de enero de 2025. Incluiría además una actualización de la renta por el incremento del IPC (tanto de los arrendamientos urbanos y del IPC general), que supondría una subida media del 30%, con el objetivo de equilibrar los intereses de arrendadores y arrendatarios.
Desde UPTA advierten que algunos cafés y tabernas centenarios, de zonas trascendentes turísticamente como el Barrio de las Letras de Madrid, el Tubo de Zaragoza o el Sardinero en Santander se verán afectados, pues ya han recibido requerimientos para finalizar sus arrendamientos en la fecha indicada.
Por ello, y como complemento UPTA y la Plataforma presentarán una propuesta para elaborar un plan de protección integral del patrimonio comercial histórico.
EL ECONOMISTA.ES
